Juan Araya, Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, CNDC.

La difícil tramitación del proyecto de reforma tributaria del Gobierno en el Congreso y las negociaciones con la oposición, finalmente se destrabó, al menos en principio, luego que la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la iniciativa oficial.
El eje central es retornar a la reintegración del sistema. Pero, dentro del paquete de “modernización tributaria”, como lo llama el ejecutivo, hay uno muy importante para las pymes. Se trata de la ampliación del régimen 14 ter para que nuestro sector pueda beneficiarse de sus normas.
El 14 ter es un sistema de contabilidad simplificada. Los contribuyentes que por él optan declaran y pagan el impuesto de primera categoría y el global complementario, según corresponda, sobre la base de ingresos anuales netos devengados (ingresos menos egresos). Este régimen existe; sin embargo, no todas las pymes pueden acceder al quedar limitado a ciertas condiciones técnicas.
El proyecto de reforma del gobierno corrige eso y amplía el margen de facturación de las empresas para que puedan tributar por el 14 ter. De hecho, lo expande hasta 75.000 UF anuales, con lo que cubre gran parte del universo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si no todas, al menos el 95 %.
La paradoja es que en la batalla política y en el debate parlamentario, con ambas partes en desacuerdo por ocho meses, beneficiar a las pymes era uno de los pocos puntos de consenso. Sin embargo, con la oposición endurecida frente al proyecto oficial, y el Gobierno defendiendo el núcleo duro de la reforma – la reintegración -, las pymes una vez más quedaban en boca de todos y en manos de nadie.
Finalmente, la cordura se impuso. Luego de la aprobación de la idea de legislar el proyecto de ley, se sabe que la corrección del 14 ter será uno de los primeros puntos en aprobarse.
Esperamos que el trámite real de la reforma no se prolongue indefinidamente. Son todos los emprendedores, los trabajadores, las familias y la clase media, quienes se perjudican cuando los responsables políticos no son capaces de ponerse de acuerdo.